Resumen Español
En los últimos 40 años a lo largo y ancho de todo el planeta se ha producido una verdadera explosión de áreas naturales protegidas establecidas formalmente. Mientras que la década del 60 en todo el plantea había poco más de 1.000 áreas protegidas oficiales, en 2006 el número llegaba a más de 108.000. Con respecto a la superficie protegida, se ha superado uno de los objetivos promovido por la Comisión Mundial de Parques (que había establecido la necesidad de proteger al menos un 10% de la superficie del planeta, habiéndose superado el 12%, más de 30 millones de kilómetros cuadrados (Dowie, 2006). Las áreas protegidas o parques naturales existen en Uruguay desde mediados del siglo XX, pero su incorporación a un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), gestionado desde el Estado central es una novedad de comienzos del siglo XXI. Entendidas como parte de una estrategia de desarrollo sustentable, las áreas naturales protegidas implican la opción por un modelo de desarrollo. Esta opción es válida tanto cuando la declaración de área protegida para un territorio determinado es adoptada por las autoridades ambientales, por las comunidades que viven en el territorio o en su entorno o aún en la definición de actores académicos o no gubernamentales aplicadas a la conservación de recursos naturales. Sin embargo tal opción no siempre es explícita ni manifiesta en el mismo grado para todos los actores involucrados. Las áreas naturales protegidas tienen implicaciones sociales, entre otras, la creación de nociones sobre ambiente y naturaleza, en lugares donde ese interés particular no necesariamente existían como tales hasta hace muy poco tiempo. Por otra parte, la participación social, recomendada, reclamada y asumida, muchas veces es vista como un fin en sí misma, como una etapa necesaria en la implementación de las áreas protegidas, sin cuestionar sus procesos, criterios u objetivos. La expansión de las áreas protegidas en los últimos años puede entenderse como parte del proceso de globalización; la cuestión ambiental es una de las primeras preocupaciones necesariamente no locales de la sociedad, los estados y la institucionalidad internacional, lo que ha tenido como contraparte la identificación de la biodiversidad como uno de los primeros objetos de la preocupación global sobre la naturaleza. La presente comunicación -avance de una investigación en curso- analiza la relación entre Estado y actores sociales involucrados en el proceso de implementación de una política ambiental, la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El foco está puesto en los cambios que este proceso genera en las discursos, representaciones y prácticas de los actores sobre un territorio específico, el área protegida Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.
Palabras clave
Resumen Inglés
In the last 40 years, all around the plant, a veritable explosion of formally established protected natural areas has occurred. During the 1960s, there were a few more than 1,000 officially protected areas; by 2006, the number reached more than 108,000. In terms of protected surface area, one of the objectives promoted by the World Parks Commission has been surpassed; it had established the need to protect at least 10% of the planet's surface, more than 30 million square kilometers (Dowie, 2006). Protected areas or natural parks have existed in Uruguay since the mid-twentieth century, but their incorporation into a National System of Protected Areas (SNAP-NSPA), managed from the central State, is a novelty dating from beginnings of the twenty-first century. Understood as part of a sustainable development strategy, natural protected areas imply a development model option. This option is valid when the declaration for a protected area is adopted by the environmental authorities, by the communities that live in the territory or around it or even in the definition of the academic or nongovernmental actors applied to the conservation of natural resources. Nevertheless, such an option is not always explicit or obvious to the same degree for all the actors involved. Natural protected areas have social implications; among others, the creation of notions regarding environment and nature, in places where that particular interest has not necessarily existed as such until very recently. On the other hand, social participation, recommended, claimed and assumed, is often seen as an end in itself, as a necessary stage in implementing the protected areas, without questioning the processes, criteria or objectives. The expansion of protected areas in recent years can be understood as part of the globalization process; the environmental question is one of the first necessary, non-local concerns of society, the states and international institutionalism, which has had as a counterpart the identification of biodiversity as one of the first objects of global concern about nature. This advance communication about an on-going research project analyzes the relation between State and the social actors involved in the process of implementing an environmental policy, the creation of a National System of Protected Areas. Focus is on the changes that this process generates in the discourse, representations and practices of the actors regarding a specific territory, the protected area of the Farrapos Estuaries and the Islands of the Uruguay River.
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